Porque no se trata solo de la sobreabundancia de legislación autonómica, que resta coherencia y homogeneidad a los currículos de los alumnos, fomentando la desigualdad entre ellos en función del lugar donde cursen sus estudios. Los editores de libros educativos denuncian que en los últimos tres años los parlamentos autonómicos han producido 450 textos normativos diferentes, entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación a los contenidos curriculares, que se traducen en la elaboración de 17 versiones distintas de un mismo libro para atender a las particularidades territoriales -algunas de ellas idiomáticas- y para incluir o eliminar capítulos enteros de una misma materia.
Se trata también, y quizá esto sea lo más preocupante, de las presiones verbales -ya que no se atreven a ponerlo por escrito- y de los chantajes, para modificar y manipular contenidos educativos por absurdas razones partidistas, como eliminar en los libros de la Comunidad Valenciana el nombre de Fernando Lázaro Carreter porque sostenía que el valenciano era un dialecto del catalán, no hablar en los de Cataluña de los Reyes Católicos o suprimir en los textos de Canarias la referencia a los ríos, por carecer las islas de ellos. Desde el ministerio de Educación, sin embargo, se lavan las manos y se desentienden de tales atropellos al sentido común y a unas prácticas aberrantes que suponen un desprecio por la Educación y un injustificado aumento de los costes editoriales que por regla general asumen las familias.
Sea cual sea la próxima composición del Gobierno, es del todo imprescindible que, de acuerdo con la comunidad educativa y los partidos de ámbito nacional se llegue a un consenso para reconsiderar el actual sistema educativo y firmar un amplio y duradero acuerdo que comprometa a todos con una educación de calidad y que garantice, a la vez, una educación solvente que sea además una herramienta eficaz y competitiva para los trabajadores.
