Los ciudadanos estamos exigiendo
participación y transparencia, capacidad de decidir en la política. Es un derecho democrático y una
forma de hacer que la política no sea lo que nos dan sino lo que queremos. Pero cuando podemos decidir no siempre lo hacemos.
De cada mil euros que el Gobierno se gasta -sea cual sea el signo del Gobierno-
los ciudadanos sólo podemos decidir dónde se van a gastar catorce. Siete
podemos hacer que vayan a las ONGs y otros siete a la Iglesia católica. Para los
otros novecientos ochenta y seis no nos preguntan, deciden por nosotros. No
estaría mal que pudiéramos opinar dónde queremos que se gasten.
la Iglesia católica es una institución más transparente que la mayoría, que
dice en qué se gasta su presupuesto, que rinde cuentas. No sólo de lo que
recibe de los Presupuestos Generales del Estado por decisión expresa, libre y
democrática de más de nueve millones de ciudadanos, sino también de lo que
viene de ofrendas y donativos de los católicos. No se dejen engañar. Esta última partida representa el 75 por ciento de sus ingresos y la que
viene vía Presupuestos del Estado sólo es un 25 por ciento. Ya
nos gustaría a todos que las cuentas de partidos, sindicatos, o empresas
públicas que viven en más de un 80 por ciento del dinero público fueran tan
claras y transparentes.
Marcaré la
casilla de la Iglesia
para defender su obra social. Sin Cáritas, más de un millón de personas no tendrían
cubiertas sus necesidades básicas y otros 6,5 millones carecerían de ayudas
imprescindibles, gracias a más de 64.000 voluntarios. Sin Manos Unidas no se financiarían
más de 600 proyectos en 58 países. Sólo son dos ejemplos. Hay que sumar muchos
más volcados en las personas mayores, en los discapacitados, en los
inmigrantes, en los menores, en los enfermos... Y a miles de sacerdotes, muchos
en el mundo rural, que atienden las necesidades religiosas sí, pero también son
el único apoyo solidario, de humanidad. Y a 14.000 misioneros repartidos por
todos los continentes, los únicos que no se van cuando los conflictos se
encienden, cuando llegan las tragedias o cuando la única esperanza es la
venganza o la muerte. Y los centros de educación concertada de la Iglesia que ahorran al
Estado más de 4.500 millones de euros anuales.
Es mentira que el Estado financie a la Iglesia como algunos
quieren hacer creer. Son, libremente, los ciudadanos -seguramente entre ellos muchos no
católicos, pero que conocen la obra de la Iglesia- los que deciden. Si ustedes ponen la x
en la casilla de la Iglesia
en la Declaración
de la Renta
-también en la de las ONGs-, estén seguros de que irá directamente a los
millones de vulnerables que acuden a sus comedores y reciben auxilio,
medicinas, ropa, dinero para pagar alquileres o hipotecas. Para ellos, la
Iglesia
es la primera puerta de la solidaridad. A veces, la única.
